Sociedad, representación política

Es necesaria una reflexión sobre la participación de elementos de la sociedad en los procesos de selección de los magistrados de la Corte y de los Fiscales Generales para evitar que por falta de una adecuada comprensión del fenómeno vayamos a retroceder en algo que es conveniente para Honduras. Hubo casi una campaña de algunos elementos de prensa en defensa de la facultad del Congreso Nacional para elegir en forma exclusiva a los titulares de los órganos arriba mencionados y el rechazo de la participación de elementos de la sociedad civil.

Se tiene la percepción de que las organizaciones de la sociedad civil y quienes las representan pretenden usurpar las funciones que corresponden a quienes ostentan por elección la representación política. Es posible que el exceso de protagonismo personal de algunos haya dado lugar a esa situación, pero no es y no debe ser así. Son dos niveles diferentes de participación como veremos adelante.

En realidad la persona humana es anterior a la sociedad y esta es anterior al Estado y sus instituciones. No es posible concebir al Estado separado o contrapuesto a la sociedad o a la sociedad, como conjunto estructurado de relaciones, de espaldas al ser humano, su creador. Todo tiene su origen en la naturaza psicosocial del ser humano

Quizá sea conveniente diferenciar en el proceso de toma de decisiones la etapa de preparación, la de toma de la decisión y de su ejecución. En todo grupo y con mayor razón en el Estado en la preparación de una decisión participan personas que no tienen la facultad de decidir, pero que sus opiniones, conocimientos y experiencias ayudan a los tomadores de decisiones a optar por la mejor alternativa. Cuando la madre y los hijos ayudan al padre de familia a tomar en mejor forma una decisión en nada puede sospecharse que quieran sustituir su papel como jefe de familia, en compañía de la madre.

Lo que es válido en pequeño para la familia, vale igual en grande para la sociedad. El hecho de que un grupo de personas seleccionadas para proponer una lista de precandidatos a los cargos relacionados con la administración de la justicia, en el marco de la ley creada para ese propósito, asuman su trabajo con convicción y debatan sobre quiénes sean los mejores a proponer, en nada empaña la función del órgano legislativo para tomar la decisión final.

Todo tiene su origen en la yuxtaposición de dos modelos de democracia que se han ido desarrollando en forma sucesiva, pero como ocurre con todos los procesos políticos no se han explicado con la insistencia y claridad de un proceso educativo. Me refiero al modelo clásico de democracia representativa y al modelo de democracia participativa.

En el primero el pueblo, mediante elección, le otorga a un grupo la facultad de decidir todos los asuntos del Estado sin más compromiso que rendir un informe de sus actuaciones y el riesgo de no ser reelecto en el caso de que sea legalmente posible. A este modelo se aferran quienes le niegan a personas que carecen de la representación política el derecho de participar en la preparación de la decisión.

La democracia participativa, que no debe entenderse como contrapuesta a la democracia representativa, se gestiona de abajo hacia arriba: de la persona al grupo, del grupo a la sociedad global y de esta a las instituciones del Estado. Cuando una decisión sigue ese proceso tiene más posibilidades de ser acatada y ejecutada porque surge de la voluntad de los gobernados y se formaliza por los gobernantes para regresar de nuevo a quienes deben acatarla y cumplirla.

¿Quién los ha electo? ¿A quién representan? ¿Por qué se les permite participar? ¿Es que los diputados no tienen capacidad para decidir por sí mismos? Esas y otras preguntan similares se escucharon en los últimos días. Creemos que no se adopta esa actitud por mala fe, sino por desconocimiento del modelo de democracia participativa que se ha venido introduciendo en el país por exigencias de que la población ahora está mejor informada y exige que se le tome en cuenta. A esas mismas exigencias responde la introducción del plebiscito y el referéndum como mecanismos de participación popular, todavía no utilizados y cuya naturaleza y aplicación tampoco se han dado a conocer para conocimiento del pueblo.

¿Qué hace falta? Pues avanzar en la implantación de los mecanismos de participación democrática como complemento a la democracia representativa, pero acompañando el proceso político con el proceso educativo correspondiente a fin de que tanto la clase política como los comunicadores sociales y el pueblo en general sepan de qué se trata y no se vea como excluyentes dos modelos que son complementarios.

Conclusión: Una cosa es ayudar a preparar una decisión y otra, distinta, es tomarla. En la primera etapa entran en juego los mecanismos de participación y en la segunda los órganos representativos cuyos titulares han sido electo por el pueblo. ¿Estamos?